Guanajuato, Gto.- El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la reforma constitucional que reconoce el derecho a la protección de la unidad familiar de las personas migrantes, una propuesta impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada de la Representación Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
La iniciativa, presentada por la diputada migrante Yesenia Rojas Cervantes, adiciona un último párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, elevando a rango constitucional el derecho de las personas migrantes a preservar y garantizar su unidad familiar.
Durante la discusión legislativa se destacó que Guanajuato es una de las entidades con mayor tradición migratoria del país y que enfrenta el fenómeno migratorio en sus dimensiones de origen, tránsito, destino y retorno, por lo que resulta indispensable fortalecer la protección de las familias que enfrentan procesos migratorios.
La reforma fue aprobada sin votos en contra, consolidando un amplio respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso local. No obstante, llamó la atención la abstención de los diputados de Morena, Ernesto Millán Soberanes y Hades Aguilar, quienes forman parte de la Comisión de Atención al Migrante del Poder Legislativo.
La abstención de ambos legisladores resultó relevante debido a que la iniciativa está enfocada en fortalecer los derechos de las personas migrantes y de sus familias, uno de los sectores cuya atención corresponde directamente a la comisión de la que forman parte.
Con esta reforma, el Estado de Guanajuato reconoce constitucionalmente la obligación de proteger la unidad familiar de las personas migrantes, particularmente de grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
Además, la modificación constitucional permitirá fortalecer políticas públicas, programas y acciones de apoyo para las y los guanajuatenses que residen en el extranjero, aquellos que retornan a sus comunidades de origen y sus familias, impulsando una atención integral basada en los principios de dignidad humana, igualdad y justicia social.
Tras su aprobación, los municipios deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus reglamentos y programas para armonizarlos con el nuevo mandato constitucional.
La reforma posiciona a Guanajuato como una de las entidades pioneras en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas migrantes y sus familias, al incorporar en su Constitución un principio que busca evitar la separación familiar derivada de procesos migratorios, trámites administrativos o deportaciones.
