Pénjamo, Gto. – Mientras miles de guanajuatenses se enfrentan cada día a la violencia sin patrullas, sin rondines y sin policías suficientes, el exalcalde Omar Gregorio Mendoza Flores goza de un privilegio que huele a insulto: cuatro escoltas pagados con dinero público, asignados exclusivamente para su protección personal y la de su familia.
El oficio SSP/SS/CGFSPE/0006986-2024, fechado el 8 de octubre de 2024, no deja dudas: Mendoza Flores pidió formalmente seguir contando con seguridad, aun después de dejar el cargo. Y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado accedió. Resultado: elementos capacitados, que deberían estar resguardando a la ciudadanía, hoy se dedican a cuidar al exfuncionario.
¿La factura? La pagan todos los guanajuatenses.
La contradicción es brutal. A la actual presidenta municipal, Yozajamby Molina, se le ha atacado por tener seguridad federal —que no representa gasto al municipio—, pero el caso del exalcalde se mantiene en penumbras. Nadie levanta la voz para preguntar por qué la seguridad de un particular se financia con recursos públicos.
Y surgen las preguntas que incomodan, esas que las autoridades no quieren responder:
¿Qué fantasmas persiguen a Omar Gregorio Mendoza Flores que lo obligan a vivir escoltado? ¿Qué pactos incumplió o con quiénes quedó mal, que aún necesita protección permanente? ¿Por qué los ciudadanos de Pénjamo, que viven con miedo a la delincuencia, deben costear la tranquilidad de quien ya no les gobierna? ¿Y dónde quedó el jefe de seguridad desaparecido durante su administración, un caso jamás esclarecido?
La situación revela la obscena normalización de los privilegios: mientras el ciudadano común sobrevive entre la inseguridad y el abandono, un exfuncionario se blinda con el erario.
La pregunta final es inevitable y brutal:
¿Hasta cuándo la seguridad de un político retirado seguirá siendo más importante que la de miles de familias guanajuatenses?
