Pénjamo, Gto., 24 de junio de 2025.– Integrantes del Colectivo Mirinda manifestaron su enérgico rechazo a la reciente decisión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato, que aplazó hasta el mes de septiembre la discusión de las iniciativas sobre matrimonio igualitario y la prohibición de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
La organización calificó esta postergación como “una clara evasión al compromiso con los derechos humanos”, señalando que la decisión responde a intereses políticos y prejuicios morales, más que a un análisis legislativo serio. Advirtieron, además, que el actual periodo legislativo está próximo a concluir, lo que podría llevar nuevamente estas reformas a permanecer sin avance en la llamada “congeladora legislativa”.
Luis Valle, regidor del Ayuntamiento de Pénjamo e integrante del colectivo, lamentó la falta de voluntad política, particularmente de la mayoría panista en el Congreso del Estado.
“Hoy vemos cómo el PAN vuelve a postergar los derechos de miles de personas. No hay justificación válida para seguir aplazando algo que ya ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia. La igualdad no puede esperar”, expresó.
Valle, quien forma parte de la fracción panista por acción afirmativa de la diversidad, hizo un llamado directo a sus compañeros legisladores:
“Si de verdad decimos estar a favor de los derechos humanos, hay que demostrarlo con hechos, no con simulaciones. Es momento de dejar de ver los derechos de la comunidad LGBTIQ+ como moneda política”.
Por su parte, Marco Antonio Gutiérrez Valadez, presidente del Colectivo Mirinda, subrayó que esta decisión vulnera no solo la dignidad de las personas diversas, sino también el principio de igualdad ante la ley, establecido tanto en tratados internacionales como en criterios jurídicos nacionales:
“En Guanajuato no hay nada que curar. Lo que urge es legislar con justicia y dejar de condicionar nuestros derechos a los tiempos electorales o a visiones conservadoras. Quienes hoy callan o se abstienen, también son responsables”, afirmó.
El colectivo recordó que desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia que declara inconstitucional cualquier norma que limite el matrimonio a la unión entre hombre y mujer. Asimismo, ha considerado los ECOSIG como prácticas violatorias de derechos humanos y equivalentes a actos de tortura.
Ante este contexto, el Colectivo Mirinda y otras organizaciones civiles exigieron al Congreso del Estado calendarizar de forma prioritaria la discusión de ambas iniciativas al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre. Finalmente, convocaron a la ciudadanía a mantenerse informada, activa y vigilante en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.
