En política hay quienes pierden una votación y se enojan. Otros pierden espacios y se rebelan. Y también están aquellos que, cuando descubren que gobernar no significa satisfacer intereses particulares ni repartir protagonismos, repentinamente encuentran defectos en decisiones que ellos mismos aprobaron.
Algo de eso comienza a oler en Huanímaro.
Lo ocurrido este jueves en el Ayuntamiento merece atención porque detrás de la discusión jurídica sobre quórum, orden del día, contratos y convenios aparece una confrontación política mucho más sencilla de entender:
una parte del Ayuntamiento decidió ponerle freno a la presidenta municipal.
Están en su derecho de intentarlo.
La pregunta es si lo hacen por Huanímaro o simplemente porque ya no están cómodos con quien gobierna.
Ayer sí; hoy ya no
Empecemos por la contradicción.
El 10 de octubre de 2024, el Ayuntamiento aprobó otorgar a la presidenta municipal autorización para suscribir convenios, contratos y otros actos jurídicos.
No se la robó.
No se la inventó.
No apareció mágicamente en un reglamento.
Se la aprobó el propio Ayuntamiento.
Y ahora resulta que algunos de quienes forman parte de ese mismo órgano descubrieron que aquello que funcionaba en 2024 ya no les gusta en 2026.
Qué curioso.
Porque para modificar una decisión de esa importancia debería existir una explicación igualmente importante.
¿Existen observaciones de Auditoría o Contraloría que demuestren abuso de esas facultades?
Que las hagan públicas.
Porque hasta ahora la pregunta sigue siendo demasiado sencilla:
¿qué hizo mal la presidenta para que hoy quieran retirarle una autorización que ellos mismos le concedieron?
Cuando faltan argumentos, aparecen los votos
La presidenta municipal no estuvo de acuerdo con la modificación del orden del día y decidió retirarse.
Permanecieron el síndico y cinco regidores.
El secretario cumplió las formalidades correspondientes y el síndico asumió la conducción.
Después llegó el movimiento político.
Durante la lectura y aprobación del orden del día apareció un octavo punto que no figuraba originalmente en el proyecto: modificar el acuerdo mediante el cual la alcaldesa había recibido autorización para suscribir convenios y contratos.
Los seis presentes lo aprobaron.
Unanimidad.
Tenían los votos.
Pero tener votos no necesariamente significa tener razón.
La sesión puede ser legal y la maniobra seguir oliendo a política
Aquí tampoco hay que engañar a los lectores.
Había seis integrantes de diez y, por tanto, existen argumentos jurídicos importantes para sostener la existencia de quórum.
El síndico podía asumir determinadas funciones ante la ausencia de la presidenta y el orden del día fue modificado antes de aprobarse.
Es decir:
la batalla contra la alcaldesa aparentemente se hizo cuidando las formas.
Y precisamente por eso el asunto resulta todavía más interesante.
Porque entonces el debate deja de ser únicamente jurídico.
Se vuelve político.
¿Por qué quieren limitarla?
¿Contrapeso o berrinche político?
Pero existe una enorme diferencia entre ejercer un contrapeso institucional y convertir el Cabildo en una herramienta para cobrar facturas políticas.
Si existen elementos que demuestren que la presidenta abusó de la autorización concedida en 2024, quienes impulsaron esta modificación tienen una extraordinaria oportunidad:
que los hagan públicos.
Pero si no existe nada de eso, entonces la explicación empieza a buscarse inevitablemente en otro lugar.
En las diferencias personales.
En los protagonismos.
En las cuotas de poder.
En el clásico “si no me toman en cuenta, entonces te bloqueo”.
Y eso ya no es fiscalización.
Eso se parece demasiado a un berrinche político con membrete institucional.
¿O quieren convertirse en una presidencia municipal de seis cabezas?
Porque son cosas completamente distintas.
La presidenta tampoco necesita permiso para defenderse
La alcaldesa tiene ahora una oportunidad.
No debería desperdiciarla en pleitos.
La presidenta debe explicar cómo utilizó las facultades.
Y sus opositores deben explicar por qué quieren quitárselas.
Algo se rompió
Lo evidente es que dentro del Ayuntamiento de Huanímaro algo se rompió.
No estamos viendo simplemente una discusión administrativa.
Estamos observando una recomposición política.
Porque una mayoría sirve para aprobar acuerdos, pero no necesariamente para gobernar bien.
¿Y Huanímaro?
En toda esta historia falta alguien.
El ciudadano.
Mientras unos quieren demostrar quién manda, hay ciudadanos esperando mejores servicios.
Mientras se discute quién puede firmar un convenio, la gente simplemente quiere que los convenios produzcan beneficios.
Por eso, antes de seguir construyendo trincheras dentro del Ayuntamiento, quienes impulsaron esta rebelión deberían explicar claramente qué problema están resolviendo.
La presidenta municipal recibió esa autorización del propio Ayuntamiento en octubre de 2024.
Hoy quieren modificarla.
Y cuando quienes ayer levantaron la mano para decir sí, hoy levantan exactamente la misma mano para decir no, los ciudadanos tienen derecho a preguntar:
¿Qué cambió?
Ahí está el verdadero debate.
Porque Huanímaro necesita regidores y un síndico que sean contrapeso, sí.
Pero necesita contrapesos responsables, no obstáculos.
Y si esta batalla termina siendo solamente una lucha de egos, serán precisamente esos ciudadanos quienes terminarán pagando la factura.
